Los administradores societarios responden de forma personal y solidaria por deudas tributarias o mercantiles si incurren en negligencia o falta de diligencia. La implantación de un plan de Compliance Penal y el correcto cumplimiento de los deberes societarios sirven para eximir de responsabilidad a la persona jurídica y blindar el patrimonio personal de los miembros del órgano de administración.
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